El recorte de las transferencias públicas a Correos se anunció en los Presupuestos Generales de este año. En 2016 Correos recibió una cuantía de 180 millones en comparación a los 120 millones de este año. Este recorte se suma además a la penalización sufrida por Correos por la aprobación de la Ley 39/2015, y que le obligaba al reparto de notificaciones sin ninguna contrapartida presupuestaria, con un coste de cerca de 100 millones de euros.

 

El PSOE ha aceptado registrar esta proposición que recoge la iniciativa de los sindicatos de crear un plan estratégico que permita a Correos asegurar la vertebración territorial, social y económica de sus servicios a un precio justo. Por parte de los sindicatos han advertido que iniciarán un "proceso de movilizaciones en toda España para lo que tratará de sumar al resto de organizaciones sindicales nacionales e internacionales, así como de concienciación a través de ayuntamientos, parlamentos, ciudadanos, organizaciones de consumidores, si el Ejecutivo continúa con el tijeretazo a la financiación del servicio postal público que presta Correos".

 

Por ello, la organización sindical ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes Grupos Parlamentarios para presentar sus propuestas y una enmienda a los PGE para corregir “un recorte inasumible que implicaría la inviabilidad económica de Correos” y que, según sus cálculos, podría suponer "un mayor deterioro del servicio prestado", así como la desaparición de 3.000 puntos de atención y 20.000 puestos de trabajo.

 

Dentro del plan de acción de los sindicatos se incluye: medidas para la diversificación de la actividad, aumentando la facturación en paquetería hasta el 55% y disminuyendo la dependencia de la carta hasta el 28%, a través de nuevas empresas de paquetería; y la firma de un Convenio colectivo que recoja la "recuperación salarial de los recortes aplicados desde 2010", las tasas de reposición del 100%, prejubilaciones y excedencias incentivadas.