REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 11/05/2016
Editorial
El usufructo oneroso de Puerto Quetzal.
La lección para las concesiones españolas.
En el relato del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el magistrado colombiano Iván Velasques, en un vídeo sobre el desvío de fondos, o lo más conocido como los sobornos de puerto Quetzal, es de vértigo.
La narración en rueda de prensa, con transparencias incluidas del comisionado, de la Fiscal General del Ministerio Público, explicando los pormenores del caso, brindan mucha luz sobre los presuntos sobornos por los que la justicia guatemalteca parece haber ordenado la búsqueda y captura del empresario español Ángel Pérez Maura.
Oneroso usufructo se llama en el idioma puro castellano que utilizan los guatemaltecos a lo que nosotros aquí, fruto de un galicismo, llamamos concesiones. El caso es que todo se mueve alrededor de la concesión por 25 años realizada a la sociedad Terminal de Contenedores de Quetzal, formada por TCB y el Banco Mundial para desarrollar uno de los terminales del puerto, el mayor de Guatemala en el Pacífico.
Se aprende mucho, como siempre se hace, del diferente punto de vista con que otros seres humanos llaman a las cosas e interactúan con ellas. Más allá del caso de los presuntos sobornos, lo que dibuja el relato del caso de TCQ, Terminal de Contenedores Quetzal, es la facilidad con que los mecanismos de colaboración público privada se pueden pervertir.
Reconociendo también que en la rueda de prensa del expresidente, Otto Pérez, es igual es igual de parsimoniosa y educada como la de sus acusadores, algo que en una sociedad tan violenta como la guatemalteca solo puede ser explicable por la seguridad que da una organización internacional como la citada CICIG, y las cámaras. Porque si no, nadie daría dos duros por la integridad física de los actores, sean acusadores o reos.
La escalofriante transparencia con que el fiscal y el alto comisionado explica los hechos que creen haber descubierto, pone en evidencia la fragilidad del sistema concesional, y no solo es una lección que quiere extraer Guatemala sobre sus gobernantes, sino que los que aquí nos creemos al margen de aquello, por civilizados, deberíamos reflexionar mucho sobre ello.
El relato es bien sencillo, según el Comisionado, ya antes de llegar a la presidencia, el posible negocio extrajurídico de Puerto Quetzal había atraído las miradas, porque se presentaba una oportunidad devenida de algo, que a pesar de los nombres diferentes, no nos es ajeno, y es la facilidad de acceder a fondos públicos y a préstamos casi a fondo perdido de entidades internacionales a la búsqueda de proyectos que ayuden a un país.
En este caso, la necesidad de aumentar la capacidad portuaria de Guatemala y la fachada pacífica sobre todo ante la carencia de puertos de transbordo entre México, Lázaro Cárdenas, y Panamá, puso fácil que el Banco Mundial estuviese dispuesto a inyectar y financiar un puerto que iba a fácilmente absorber 250 millones de dólares.
Ojo, cifra parecida con las que empezamos a construir Langosteira y El Musel. Luego las doblaron. Y con fondos extranjeros.
Según el Comisionado, el presidente y la vicepresidenta se organizaron para desviar cantidades procedentes del otorgamiento de la concesión de este puerto a sus arcas privadas, y así pusieron, según el relato oficial en danza, toda una sistemática sofisticada de intermediarios y de control del puerto. Control que se extendió como no podía ser menos a los estibadores del puerto que desconfiaban, como nos es muy cercano, de la implantación de otra terminal en el mismo puerto, quizá con otras condiciones laborales.
A pesar de los largos detalles del proceso, lo que se nos queda es además como para esto se necesitaba un socio internacional de campanillas que pudiese ser una referencia para el Banco Mundial, y facilitase aligerar el bolsillo a la Institución. Aquí entra Pérez Maura, con unos elementos argentinos, mencionados profusamente en la descripción del caso, pero que deben ser intermediarios aventajados en esto de los puertos. Con estos intermediarios y una pléyada de asesores, comisionistas, abogados y organizadores de traspaso de fondos, según el Comisionado, el expresidente instruyó presuntamente a sus intermediarios para que al español "útil", en este caso Pérez Maura, se le pidiese un desembolso espectacular. Además en efectivo.
Por lo que relata el Comisionado han conseguido pruebas materiales de ello, pero habrá que ver y estar al juicio final.
La descripción escalofriante es que una vez que se otorgó a TCQ, filial de TCB, la concesión en un tiempo récord, que alegan de 27 días, se dispusieron a ordeñar al inversor, que además había pujado por una concesión de solo 25 años, y que iba a necesitar de una inversión de unos 120 millones, y ya tenía que empezar entregando 30 millones en negro a los que se la otorgaban.
Relato que aquí nos acerca, con un escalofrío, a nuestra realidad, porque si por una concesión de 25 años y para invertir 125 millones, uno paga 30…
¿Qué pagaría porque una concesión de 75 años con una inversión mucho mayor? Y no solo fuese un puerto perdido en el Pacífico con mucho futuro por la apertura del nuevo Canal de Panamá, sino un puerto al lado de la décima economía del mundo, y con una población que multiplicase por 5 la renta y el tamaño de la guatemalteca.
Pero con toda naturalidad, el comisionado magistrado colombiano, en comisión de servicios en la CICIG, arriesgando un prestigio personal a la hora de narrar algo, que si no es verdad y queda en agua de borrajas, hará que se tenga que esconder durante milenios, desembocó en que al útil español, o al español útil, le pidiesen que los pagos se hiciesen dentro del año 2015 y además en efectivo.
Aquí ya nos perdemos en un relato de cambistas de moneda, que al parecer fueron diluyendo los pagos para poderlos disimular entre muchas transacciones, acabando el dinero en haciendas, mansiones y bancos.
La lección es que los onerosos usufructos como llaman en Guatemala a las concesiones son muy frágiles ante la voracidad de los corruptos.
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