REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 22/11/2016
El caso El Musel se acerca a Puertos del Estado.
Dos expresidentes del ente declaran.
Situacion procesal.
Las comparecencias ante la juez de instrucción Carmen Lamela, del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, en instrucción del caso El Musel, aportaron duras novedades al caso.
Para comenzar, los tres técnicos de la oficina anticorrupción de la Unión Europea, OLAF, españoles por cierto, fueron contundentes al ratificarse en sus acusaciones. Fueron también duros al acusar de ocultación a la UTE Dique de Torres, que no le dieron los estados contables ni la información necesaria en su investigación. Expusieron claramente lo que ya aportaba su documento, que el desvío de fondos fue una cosa tempranamente o previamente diseñada. A pesar del intento de la defensa de José Luis Díaz Rato, de conseguir que estos testigos aminorasen su presión, no lo consiguieron.
Incluso, centraron parte de su acusación en la ausencia de pruebas válidas del pesaje de mas de 65.000 camiones, como si se tratase de un caso más propio del Mezzogiorno italiano. En resumidas cuentas, la declaración pasó con una reafirmación en las acusaciones de la Oficina Antifraude Europea, y un refuerzo de las tesis de fraude y malversación o mala gestión.
El miércoles 26 de octubre trajo las declaraciones de dos pesos pesados de la Administración Portuaria española bien conocidos, como son Fernando Palao, en su día presidente de Puertos del Estado, también ex presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, y luego secretario general de Infraestructuras en el momento que se produjeron los hechos. Le acompañó, pero de forma separada Mariano Navas, expresidentes de Puertos del Estado, mientras que sucedieron estos hechos.
En ambos casos su línea de defensa no fue otra, que la de que no tienen atribuciones sobre una autoridad portuaria independiente a pesar de ser presidentes de puertos del Estado o haberlo sido.
Fernando Palao estuvo disperso y no concretó afirmando varias veces no recordar algunas situaciones o cuestiones por las que fue preguntado.
Mariano Navas, más preciso y concreto, sí que contestó a todas las cuestiones que se le plantearon y al final de su intervención calificó de muy mala a malísima la gestión de la AP de Gijón.
En cualquier caso, el intento de la defensa sobre todo de Díaz Rato, de presentar el caso de los sobrecostes como una cuestión sobrevenida, fracasó en los dos días. Tanto por cuanto se reforzó el argumento de que la decisión de no utilizar la cantera de Aboño se tomó previa a cualquier decisión sobre la planta desulfuradora de Hidroeléctrica del Cantábrico, como que ya desde las primeras fases de la construcción, las actas de la UTE dejan bien claro que casi desde el primer minuto, parte de la UTE liderada por Dragados, ya conocía la necesidad real o no pero de pedir un modificado de obra y unos sobrecostes, lo cual sorprende porque aún no se habían tomado las decisiones sobre el acopio de materiales.
Los técnicos de Puertos del Estado, además de sus dos expresidentes, también alegaron que en el momento en el que se concedió la obra, todo parecía conforme y el proyecto apropiado, pero que nada sabían de después de estos costes sobrevenidos posteriormente.
Denegada la petición de testificar del actual presidente de Puertos del Estado, José Llorca, esto es de momento lo más cerca a lo que va a llegar el Tribunal a Puertos del Estado, con la testifical de personas representantes de Puertos en el consejo y del abogado del Estado.
Está pendiente la declaración de Rolando Lago y la prevista declaración de imputado del abogado del Estado Alcoba en el puerto de Gijón.
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