REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 29/04/2016
El presidente de Guatemala pedirá la nulidad del contrato de la Terminal de Contenedores de Quetzal, filial de TCB.

Por el proceso de los presuntos sobornos de Pérez Maura.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que se efectuará la declaración de nulidad del contrato otorgado en 2012 por el Estado a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y se presentará el proceso a seguir tomando en cuenta las diferentes implicaciones que el caso requiera.

“Es un hecho que se tiene que hacer y la base legal está más que planteada”, dijo el mandatario en relación al tema.

Advirtió, no obstante, que “no es el presidente el que tiene que declararlos (los temas de nulidad), sino tiene que ser el abogado del Estado, y se llama Procuraduría General de la Nación”.

De este modo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) a través de su delegada, María Eugenia Villagrán, rechazó que se suspendiera la audiencia de primera declaración de los detenidos por posible corrupción en la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). La defensa de uno de los implicados interpuso la acción de prejudicialidad argumentando que el caso se ventilaba en otras judicaturas, y por consecuencia no se debía realizar la misma. El juez le dio trámite al recurso y solicito a la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo y al juzgado Octavo del Ramo Civil un informe del contrato.

Por lo anterior la defensa insistió en suspender la diligencia, pero la abogada que representa a la PGN invocó el artículo  292 del Código Procesal penal que remite al  150 bis del mismo, que establece las formas para imponer recursos, por lo tanto la diligencia no debía ser suspendida, acción que respaldaba la postura del Ministerio Público. El juez rechazó los argumentos de la defensa e inicio la diligencia de primera declaración. PGN figura dentro del proceso como afectada.

Este caso es actualmente objeto de una investigación a cargo del Ministerio Público y ya propició formulación de cargos ante un juez contra el ex presidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti, junto a otra decena de presuntos implicados, durante una audiencia de primera declaración iniciada el lunes.

Se trata de un usufructo por 25 años otorgado a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal S.A. (TCQ), constituida en Guatemala en 2012, y la cual representa la española Group Maritim TCB, para la administración de la terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, en el Pacífico guatemalteco.

Morales advirtió que “estos actos de corrupción nos están dando más luz para poder tomar decisiones adecuadas y también elevar a las instancias nacionales y, en su momento, internacionales, las disposiciones y decisiones del Estado para poder afrontar este tema”, dijo el jefe del ejecutivo durante una rueda de prensa al término de un acto oficial.

“El jueves se hará la presentación completa del procedimiento de lo que se va a hacer, acompañado de un mecanismo que involucre a todas las instancias de investigación y justicia en el país”, explicó.

 De acuerdo con la Fiscalía, que actúa con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), todos los implicados (nueve detenidos la semana pasada y Pérez y Baldetti en prisión preventiva por el caso “La Línea”), tenían como objetivo lucrarse y blanquear dinero a través de la construcción y gestión de esta nueva terminal marítima, cuya inversión total alcanzaría los 255 millones de dólares.


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