REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 25/04/2016 
Guatemala lanza una orden de busca y captura internacional contra Angel Pérez Maura.

La Fiscalía lanza un comunicado.




En conferencia de prensa, las autoridades de Guatemala, el Comisionado Iván Velásquez Gómez dio detalles de la investigación junto con la Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas han explicado la investigación sobre un caso de corrupción en la concesión de la Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del Grup TCB. Según las autoridades TCB habría presuntamente pagado 30 millones de dólares a diversos políticos guatemáltecos para favorecer la concesión.

El caso ha conmocionado a la política guatemálteca con la detención de su expresidente y de más de 15 personas (Quién es Quién), políticos, empresarios, y líderes de los estibadores a los que se acusa de diversos delitos.

Las autoridades guatemaltecas habrían ya detenido a Juan José Suárez Messeguer, director general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del Grup TCB, según apunto el diario Crónica Global.
 

En el comunicado de la CICIG, (Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, un organismo dependiente de la ONU) la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación dice están vinculados los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, así como otras 15 personas, de las cuales nueve fueron capturadas por las autoridades.

Acusados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal. Entre ellos figura Pérez Maura, al que se acusa de delitos de cohecho activo, asociación ilícita y fraude.

Según el comunicado de la Comisión Internacional:

"La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.

Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un “grupo criminal”, según explica a través de un comunicado de prensa la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Ángel Pérez-Maura, Juan José Suárez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez.

Estos se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores. Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito".

Otto Fernando Pérez Molina designó en 2012 como "operador" de Puerto Quetzal -y enlace suyo- al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, persona allegada a él, ya que voló helicópteros en los desplazamientos realizados como candidato a la Presidencia de la República, en época de campaña. En los primeros días del gobierno del Partido Patriota Pérez Molina atendió la recomendación que le hiciera su operador, Guillermo Lozano Bauer, de designar como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, nombramiento que efectuó el 24 de enero de 2012.

El Contrato Paralelo.

Se ofreció pagar una parte de la comisión en dinero y otra a través de un paquete accionario de TCQ, S.A.

Por instrucción del expresidente, Juan Carlos Monzón se reunió con los representantes de TCQ, Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, donde expresó su desacuerdo con la fórmula de pago a través de un paquete accionario de TCQ, y exigió que la comisión les fuera cancelada en efectivo, a lo que accedieron los directivos.

En reuniones siguientes Juan Carlos Monzón dio a conocer al grupo de negociadores, de origen español, la intención del presidente y de la exvicepresidenta de que los pagos no se extendieran más allá de sus mandatos, y exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado el mes de octubre de 2015.

El grupo de españoles le entregó a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos, en el que se indicaba la distribución de lo pactado de la siguiente manera:

•    24.5 millones de dólares para "socio local"
•    5
millones de dólares "Argentinos"
•    0.5
millones de dólares gastos.

En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber a Pérez Molina que, en reunión sostenida por él en Cancún (México), que había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y Mauricio Garin de la forma y cronograma de pagos de los 24 millones de dólares, de forma tal que se cumplía con las exigencias de los exgobernantes. La “comisión” se distribuiría en proporción del 60% para el expresidente y la vicepresidenta, y el 40% para Juan Carlos Monzón.

Pérez Molina, según ha trasladado el CICIG, utilizó la calidad de su cargo como Presidente de la República para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación. Intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ; promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación.

Por su parte, TCQ interpuso un amparo en contra del alcalde municipal del Puerto de San José, Jorge Rizzo, debido a que este quería obligar a TCQ a pagar licencia de construcción en la municipalidad. El monto que reclamaba la municipalidad ascendía a Q24 millones (219-2013 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla). La empresa TCQ y miembros de la Portuaria se oponían al pago millonario.

Para resolver el problema con el alcalde Rizzo, Juan Carlos Monzón se reunió con el juez en ese entonces, Douglas Charchal Ramos, y con su asistente Mario Ruano San José y acuerdan gestionar una resolución favorable en el juzgado.

Por el anterior hecho, el Ministerio Público de Guatemala presentó una solicitud de antejuicio por tráfico de influencias contra Charchal Ramos, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las capturas y delitos

•    Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
•    Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
•    Lázaro Nóe Reyes Mata: enriquecimiento ilícito.
•    Julio César Zamora Álvarez: enriquecimiento ilícito.
•    Julio Norberto Esquivel Orellana: enriquecimiento ilícito.
•    Juan José Suárez Messeguer: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
•    Jhonatan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
•    Mario Ruano San José: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
•    José Luna Argueta: cohecho pasivo.

El sindicado Jhonatan Harry Chévez fue la persona encargada de adquirir bienes e inmuebles a la expareja presidencial para lavar el dinero adquirido de manera ilícita.

Con orden de captura internacion
al
•    Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita
•    Allan Herbert Marroquín Castillo: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
•    William Schwank López: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
•    Angel Pérez-Maura: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
•    Mauricio José Garin: asociación ilícita y lavado de dinero.
•    Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita.

Mientras que Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti Elíaas fueron citados esta semana por el Juzgado de Mayor Riesgo B para hacerles saber el nuevo proceso penal que deben enfrentar, en el cual son sindicados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, blanqueo de dinero y fraude".




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