REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 26/04/2016
Inquietante y raro.


Pérez Maura, expresidente de TCB, perseguido por presuntos sobornos.

Por los Fareros.


La noticia de que Guatemala ha lanzado una orden de busca y captura internacional contra Ángel Pérez Maura el expresidente del Grupo TCB por un caso de sobornos para conseguir una macro terminal en Puerto Quetzal es rara e inquietante, por su dimensión e implicaciones.

El que a un empresario español le exijan sobornos por operar en un país extranjero no es noticia, que lo sea en algunos países con precarios estados menos, y que lo sea en el proceloso mundo de los puertos casi se podría decir que no es noticia alguna. Que no le exigiesen mordidas sería más bien la noticia.

Nadie que no sea un ingenuo desconoce como se hacen los negocios en los puertos y no solo en Latinoamérica.

Tampoco nadie que no sea un ingenuo negará que en su lugar y ante la disyuntiva de hacer lo que hace todo el mundo o quedarse fuera, nadie fuese a no hacer lo que presuntamente achacan a Pérez Maura.

También ciertos países tiene acostumbradas a la opinión pública a vendettas parecidas. Las cantidades difundidas son muy grandes 30 millones de dólares y es raro todo en efectivo. ¿Dónde estarán las pruebas del cohecho?

Tampoco sea visto esto como una justificación de los presuntos sobornos para conseguir la concesión de Puerto Quetzal. Es raro.

Sin embargo por otro lado CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es un organismo creado por la ONU. Ahora la preside un colombiano y ha sido prorrogada por dos años a petición del presidente de Guatemala.

Esta terminal iba a suponer una inversión de 190 millones de dólares en gran parte financiados por el Banco Mundial, presa de dinero fácil, fácil de repartir. Inquieta que al parecer se utilizase al gobierno para obtener un préstamo del Banco Mundial.

Inquieta que se hayan detenido a líderes estibadores presuntos receptores de sobornos para mantener la paz social.

Pero lo que más nos debe inquietar son nuestros propios controles.

Hace un año nuestro gobierno aprobó una ampliación de plazos concesionales en los puertos hasta 75 años, cuando se pedía solo una ampliación de 7 años para superar la crisis.

Inquieta que apenas dos meses después de aprobada esa ampliación de plazos por el gobierno español el grupo TCB se vendiese en bloque a Maersk.

Raro e inquietante.
 
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