REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 25/05/2018
La concesión de Unión Naval de Levante, en cuestión por la falta de actividad.

La posible caducidad de la concesión de los astilleros del Puerto de Valencia pone en tela de juicio las indemnizaciones que tendría que pagar al Grupo Boluda por la ocupación de sus terrenos. La APV ya pagó a Boluda más de 1 millón de euros hace años.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha iniciado el proceso de declaración de necesidad del rescate de la concesión de Unión Naval de Valencia (UNV), para posteriormente negociar una nueva concesión o acordar algún tipo de indemnización. El motivo es la pretensión por parte de la APV de trasladar la terminal de cruceros a una explanada que ocupa parte de los antiguos astilleros, en concesión hasta 2027 por UNV, propiedad del Grupo Boluda.

De momento, la propuesta de APV todavía no ha sido debatida en el Consejo de Administración, ya que han existido hasta el momento algunas desinformaciones, según las autoridades políticas.

La idea del puerto es indemnizar al gestor por esta nueva ocupación, sin embargo, esta concesión podría estar caducada, ya que se encuentra en desuso desde el año 2012, cuando realizó un ERE de cierre debido a la falta de pedidos por la competencia internacional. Y es que la ley 2/2011 contempla que las concesiones caducan “por la falta de actividad y prestación servicios” por un período de doce meses.

No obstante, años atrás, el Puerto de Valencia ya indemnizó a Boluda un rescate de 1,17 millones de euros por la concesión de la Escuela de Aprendices, clausurada seis años antes. En esas dependencias, el anterior presidente de APV, Rafael Aznar, instaló las nuevas oficinas del recinto portuario. Esta indemnización fue duramente criticada por la oposición y hasta fue llevada a los tribunales por parte de Comprimís, cuyo portavoz, Joan Baldoví, consideró que lo conveniente habría sido rescatar el edificio en vez de indemnizar al concesionario.

La situación actual de los astilleros es similar, puesto que, efectivamente, la concesión podría estar ya caducada y, por tanto, se pondría en cuestión dicha indemnización.


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