REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 20/09/2018

Todos a Guatemala.

De cómo se facilitaron los pelotazos en la venta de los puertos españoles.

Por los Fareros.



El escándalo de los sobornos para captar la concesión del Puerto de Quetzal en Guatemala, luego vendido a la naviera Maersk, le ha estallado al Gobierno por donde menos se lo podía esperar. Dos años después que este medio lo sacase a la luz aquí en España. Ahora como entonces las gestiones para salvar a Pérez-Maura surgen por doquier. Pero el caso va más allá pone el foco aquí en España sobre una ley de medidas urgentes la 8/2015 promovida por Ana Pastor que permitió pelotazos sonados como el de Pérez-Maura vendiendo TCB o Florentino Pérez vendiendo Dragados SPL.

La presunta mediación de la nada menos
que Ministra de Justicia, Dolores Delgado, y anterior fiscal de la Audiencia Nacional, para bloquear o detener la extradición del naviero español Ángel Pérez-Maura, acusado en Guatemala de haber sobornado al presidente del país para conseguir la concesión, es un asunto grave.

Desde hace tiempo, las autoridades guatemaltecas investigan el asunto. Maersk pagó una indemnización reconociendo que había actuado mal, y ahora el país centroamericano ha pedido que Pérez-Maura sea juzgado aquí cuando se abra juicio oral en aquel país.

El tema que ahora han sacado a la luz los mayores digitales de España hace mucho tiempo que fue revelado por este medio con todos sus detalles.

Nada que no sorprenda en el mundo de las concesiones y que incluso en España se podría dar el caso, dada la poca transparencia y controles públicos que hay a la hora de darlas y de traspasarlas.

En muchos casos, con procedimientos abreviados de los llamados "en competencia", eufemismo que esconde todo los contrario, y que dejan mucho que desear.

Las adjudicaciones "en competencia" dan un mes y a veces menos para que los posibles competidores acudan a concursar por una concesión.

Como se ve son procesos más bien para que no haya competencia, que todo el mundo conoce en el ámbito portuario y del que se sonríe.

En su venta o traspaso el Estado se supone que tiene mucho que decir y que aprobar, lo puede bloquear, pero en la práctica el trámite se queda en visitar a la autoridad portuaria correspondiente e informarles. En los último casos el Ministerio que se sepa no remitió las ventas a la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por si hubiese objeciones por parte de Competencia.

Pero el caso Pérez-Maura, sin embargo, va más allá y tiene hondas connotaciones nacionales porque un año antes de salir y saltar el caso en Guatemala, en España se aprobó la Ley 8/2015 que, apresuradamente, otorgó unos beneficios concesionales que permitían aumentar hasta 75 años el plazo de las concesiones.

Esta situación fue aprovechada por Ángel Pérez-Maura, miembro del lobby conocido como PIPE (Plataforma de Inversores en Puertos españoles, en principio era de empresarios españoles pero hoy solo quedan pocos con el apellido español) que presionó con fuerza para que esta ley y modificación de las concesiones saliese adelante, para dar un pelotazo de 800 millones con la venta de todas sus terminales en España: Barcelona, Valencia, Gijón, etc..

Más tarde Florentino Pérez también dio un pelotazo con la venta del resto de grandes terminales de puertos en España, Valencia y Bilbao.

Su papel y el de Ana Pastor en el rápido proceso que llevó a este cambio legislativos dentro de una cobertura de medidas de urgencia económica, 4 años después de España eludir el rescate no se ha explicado nunca.

Dicen que fue el ministro Nadal el que forzó el tema, y en eso estuvo muy activo, y está claro que las órdenes venían de arriba de Moncloa.

A los dos meses de haberse aprobado la ley, Pérez-Maura anunció que vendía la compañía más grande de terminales de España, TCB, al gigante Maersk, incluida en ella la concesión de Puerto Quetzal en Panamá. 800 millones que dejaron en muy mal lugar al PP, a la ministra Pastor y a su equipo, pues muchos se mostraron sorprendidos por la falta de tacto de Pérez Maura al haberse aprovechado de la medida con tal celeridad.

Entre el estupor interno aún así tuvieron que interesarse por el tema. No contentos con esto, los miembros del equipo de Pastor hicieron gestiones para saber la dimensión del problema causado por esta rápida venta y el escándalo que venía de Guatemala. Y cuánto les podía salpicar. Un Pérez-Maura esposado camino de una cárcel guatemalteca era una bomba de relojería. La orden de busca y captura internacional es cosa muy seria, puede ejecutarse en cualquier país, con solo pisarlo y Pérez-Maura se ha ocultado durante todo este tiempo restringiendo sus movimientos.

Dos secretarios de estado estuvieron en Guatemala; uno, Julio Gómez-Pomar, de una forma tremendamente secreta que no trascendió. Incluso el expresidente de Puertos del Estado, en un viaje que justificó por ser turístico, también visitó Guatemala.

Ahora se sabe de estas gestiones, y la verdad es que
llaman mucho la atención en el contexto de la búsqueda de impunidad por parte de Pérez-Maura de un tribunal internacional nada menos que de la ONU, que no de una república bananera, ya que la CICIG, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala depende de la Naciones Unidas.

Ahora es el Gobierno socialista el que se ve salpicado, tras oponerse a esta medida de gracia de ampliar hasta 75 años las concesiones. Su portavoz en la Comisión de Fomento, el entonces José Luis Gordo, le espetó a Llorca que con ello "hipotecaba a los puertos para generaciones", curioso que ahora esto salpique al PSOE.



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