REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 08/04/2016
CC.OO. pide la declaración de concurso culpable del Grupo Buytrago y de sus responsables y dueños.

CC.OO. ha pedido la declaración de concurso culpable de la empresa matriz del grupo Buytrago (Transportes Buytrago Andalucía, S.L.), culpabilidad que debe ser extensiva a todas las demás empresas del grupo y a la patrimonial ANYLU, en concordancia con la condena solidaria ya dictada por la sala de lo Social de la Audiencia Nacional y por la que se le hacía responsables de los salarios y las indemnizaciones de las trabajadoras y trabajadores de todo el grupo Buytrago a los que dejaron sin empleo.

Este sindicato cree que concurren suficientes y sobradas razones y causa de prueba, conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal, que amparan esta solicitud de culpabilidad. Y en base a estas razones, se han formulado las correspondientes alegaciones para que estas sean tenidas en cuenta en primer lugar por la Administración concursal y el Ministerio Fiscal y posteriormente por el juzgado de lo mercantil nº 7 de Madrid.

Las alegaciones ponen de manifiesto lo siguiente:

- Que los dueños decidieron cesar la actividad, de manera sorpresiva y fraudulenta,  sin ni tan siquiera haber solicitado preconcurso de acreedores.
- Que con este cese de actividad se negó cualquier posibilidad de viabilidad, "machacando" y deteriorando los activos de las distintas empresas de Buytrago. Y por tanto menoscabando las posibilidades futuras de cobrar las deudas a los acreedores y aumentando las mismas.
- Que la situaciones concúrsales solicitadas con posterioridad a la decisión de cierre empresarial lo han sido en fraude de ley, sobre todo la utilización de la figura del preconcurso, reservada a conseguir acuerdos que permitan la viabilidad de un proyecto empresarial, y que evidentemente no era posible, tras la decisión de dejar de servir a sus clientes, principal activo de una empresa de servicios.
- Que realmente esas situaciones concúrsales se han solicitado a los efectos de "poner orden" en los papeles de un grupo empresarial, que tal y como posteriormente quedó demostrado por sentencia de la Audiencia Nacional, tenía unas amplias, promiscuas y poco documentadas relaciones mercantiles.
- Que ha existido un evidente y deliberado retraso en la presentación del concurso, agravando con ello la situación de la empresa, dado que si alguien conocía del supuesto mal estado de las empresas eran los miembros del Consejo de Administración.

En resumen, para CC.OO. no existe ninguna duda de que existen suficientes y diferentes motivos en los que sustentar una culpabilidad, que trasciende mas allá a lo meramente mercantil que ha de resolverse en el mismo concurso de acreedores.

No se puede olvidar que los trabajadores y trabajadoras de Buytrago, más de 900 en el momento en que se "echó el cierre", llevan sin cobrar apenas nada, pese a corresponderles entre salarios e indemnizaciones más de 47 millones de euros, como consecuencia de no poder la empresa cumplir la sentencia de nulidad de la Audiencia Nacional.

Como ya se ha venido denunciando desde este sindicato, son varias las situaciones que se han generado a partir de esta decisión empresarial de "cierre patronal" ilegal y que están causando un gran perjuicio al colectivo de empleados y empleadas de Buytrago; problemas con el desempleo al no haber cumplido con la responsabilidad empresarial de devolver prestaciones, y con la Seguridad Social, que está negando derechos de jubilación anticipada y de convenios especiales a mayores de 55 años.

Si bien es cierto que esto no es solo imputable únicamente a los empresarios de Buytrago, sino que es extensible a las Administraciones del Estado competentes en la materia, y ante las cuales trabajadores y sindicato se concentraron en señal de protesta el pasado 26 de noviembre. En dicho acto se entregó un escrito tanto al Servicio Público de Empleo como a la Seguridad Social.

Una vez más, CC.OO. manifiesta el apoyo a las trabajadoras y los trabajadores de Buytrago, contra la situación de indefensión en la que se les ha colocado. Mantendrá el pulso donde y ante quien haga falta, para que finalmente se les pueda resarcir, al menos económicamente, así como en cuantos derechos correspondan por la situación que les generó las injustificadas decisiones empresariales.


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