REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 14/11/2014 
Caso Las Palmas, Luis Ibarra:
Las obras de la segunda fase es "un despropósito administrativo que se ha intentado subsanar con errores de otra índole"
Ibarra, Presidente del Puerto de Las Palmas defiende su gestión y acusa a la UTE FCC Dragados encargada de la segunda fase de las obras de la Esfinge de actuar contra la ley perjudicando la seguridad del Puerto.
El Puerto de las Palmas se encuentra en medio de sin sentidos y despropósitos derivados de la segunda fase del proyecto de la Esfinge. Una fase en la que se incumplió en numerosas ocasiones lo anteriormente pactado y que supuso que entre otros inconvenientes un espaldón más alto de lo que indicaba el contrato, un dique más largo de lo que se esperaba o unos materiales utilizados que no garantizaban la viabilidad del proyecto. Una suma de sobrecostes y modificados de obra que pueden costarle al puerto la inversión europea que se destinó para tal propósito después de que los técnicos de Bruselas se trasladasen al Puerto para analizar los expedientes de la Esfinge y valorar si es conveniente o no exigir la devolución del préstamo, de una obra que se presupuestó en 46 millones de euros, lo que supondría un duro golpe para la Autoridad Portuaria.
Luis Ibarra, presidente del Puerto, en declaraciones a este medio, no se muerde la lengua y aclara todo lo concerniente al caso y como este llegó a sus manos en 2013 tras tomar posesión en el cargo: Se decidió que ante los numerosos errores administrativos y el incumplimiento de la ley de contratos en la segunda fase de las obras del dique tendríamos, en la medida de lo posible, que hacer el modificado y llevar el proyecto a cabo correctamente. En ese momento la obra estaba con una altitud superior a los dos metros de lo que estaba planificado con anterioridad. Llevamos a cabo ese modificado sin que existiera ninguna penalización por razones de seguridad. Se terminó la obra y conforme a lo que se realizó y a las descripciones reales pagamos una liquidación en torno a un 7%, unos 3 millones de euros. Nos basábamos en que existían errores en el proyecto. A partir de ahí la UTE nos exigía una serie de cantidades. Es en ese momento cuando empezamos a ver que no estábamos ante un simple modificado de obra o ante el incumplimiento de la ley de contratos sino que hablábamos de dos grandes defectos: Uno era que la banqueta que se construyó ponía en problemas la estabilidad del proyecto por los materiales con los que se había llevado a cabo. Esta se analizó y Puertos del Estado nos indicó que no cumplía los requisitos por lo que tuvimos que dragar. En segundo lugar, y lo que constata como la falta más grave, es que se intentó poner bloques recuperados de muelles antiguos y trasladar otros de una obra de la UTE en el puerto para completar el proyecto original. Esto se puso en conocimiento a Intervención General y a Puertos del Estado para que nos indicasen los pasos a seguir. En última estancia tenemos previsto mandar los informes a la Fiscalía y con la aprobación de la Abogacía del estado presentar una querella.
El resultado de los informes es desolador: "Ahora Puertos del Estado indica que hay que verificar cual es la obrabilidad del dique, pero solo se nos garantiza que el dique aguante por 50 años cuando se habían proyectado 500. Además tendremos que realizar una fuerte inversión adicional para seguir defendiendo esa parte del puerto".
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