REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 28/07/2014
Entre el intervencionismo y el "Far West" en Puertos del Estado.
Tenemos una buena administración de puertos, envidia en Europa y podemos innovar y no tener que copiar.
Por los Fareros.
El decreto de ampliaciones concesionales adolece de prisas en su redacción, explicaciones insuficientes y somete urgencias a los concesionarios.
El decreto es evidente que se ha redactado con prisas y prisas transfiere a los concesionarios para que adopten una solución.
La explicación de que el decreto es extraordinario y de ahí su urgencia en la aplicación parece nutrirse del argumento de una situación económica crítica, lo contrario a lo que se dice por otro lado.
No encaja esta situación de urgencia con la recuperación económica que la reciente encuesta de población activa (EPA) confirma como ya sólida.
La urgencia en exigir un plazo de seis meses a los concesionarios para decidirse tampoco encuentra justificación.
Un decreto hecho apresuradamente y bajo motivos que no se aclaran corre el riesgo de ser un fiasco para el futuro.
Si fuese una medida de menor importancia, el caso sería pasable pero estamos hablando de la ampliación de las concesiones a 50 años y más. Aunque todo el mundo parece olvidar que lo primero que se cita es ese nuevo escenario concesional y todo el mundo se enfoca en cómo solucionar el problema de las concesiones ya existentes, hay que empezar por el principio.
En su urgencia, Puertos del Estado se enfoca sólo en la solución que le ha dado a los ya existentes. Sin embargo, la ampliación de los plazos concesionales en los puertos españoles se apoya en una tesis -si es que se apoya- porque sólo se anuncia muy de pasada de homologarlos con el resto de países europeos.
Esta es una falacia peligrosa, por cuanto la organización de la mayor parte de los puertos europeos deja mucho que desear. Los puertos europeos, viven en una mezcla de intervencionismo-administrativo local o -en el caso británico- de liberalización que se asienta sobre las bases de la poca transparencia y la falta de equidad. No son transparentes, son bastante opacos e ineficaces, lo que ocurre es que en esos países como Alemania u Holanda hay poderosos intereses industriales que mantienen un statu quo.
No son casas recomendables y el éxito de los puertos en España frente a -por ejemplo- los muy contiguos de Francia o de Italia ha estado justamente en su apertura y transparencia relativa a la hora de hacer negocios. A algunos les parecerán poco transparentes nuestros puertos pero es que hay que ir a ver los de otros países. Para instalarse en ellos hay que sortear una serie de condicionantes no escritos que verdaderamente no son el espejo donde mirarnos.
Sus plazos concesionales tampoco. Loyola de Palacio que murió combatiendo este estado de cosas sabía bastante de esto, y otro comisario igual de bravo Kallas acaba de tirar la toalla.
Esto, Puertos lo sabe y el Ministerio de Fomento también; por lo tanto, esta idea de que tenemos que ir a concesiones amplias como en Europa no sirve como paradigma de lo bueno.
Otra cosa es que nuestro sistema portuario no tuviese que caminar por vías de privatización y mayor seguridad jurídica para los concesionarios y sus negocios.
Pero cambiar de golpe y porrazo una legislación que regula el funcionamiento portuario y -además- perder gran parte del tiempo y del espacio legislativo en darle vueltas a cómo solucionar la situación de las actuales, evidencia muy poco calado político.
Es evidente que el ministerio de Fomento de la señora Pastor tiene muy poco contenido ideológico y que Puertos del Estado obedece a esos designios pero -como mínimo- se podrían haber ofrecido otras soluciones al tema de la ampliación de plazos.
Las ampliaciones de plazos son necesarias para darle una mayor seguridad jurídica a los inversores pero eso no quita (o no obliga) a que el que pierda seguridad jurídica sea el Estado.
Y eso es lo que está haciendo el Real Decreto 08/2014. Se evidencia también en que, fruto de una reacción ante la presión de algunos, el funcionario de turno se ha sacado algunas cautelas para no convertir el proceso en un proceso desregulado total, "un coladero", y poder dormir con la conciencia algo tranquila. Que sean otros lo que la apliquen. Y como buen funcionario lo ha convertido a golpe de péndulo en todo lo contrario un campo abonado a la arbitrariedad y discrecionalidad, local, autonómica y del ministerio.
Cosa en lo que seguro coincidirá el "establishment".
Pero aquí la falta de visión política y de modelo a futuro de los puertos ha obligado a dejar sin contenido alguno la fórmula de compensación al Estado por la ampliación de las concesiones. Esto es muy serio, no tiene excusa ya que siendo el presidente de Puertos del Estado amigo de las fórmulas, esta de las valoraciones concesionales tenía que haberse hecho mucho más objetiva, de hecho no lo es, simplemente no hay fórmula.
Siempre que se escribe una ley es mucho mejor intentar recortar la discrecionalidad del Estado al máximo.
Se echan de menos por tanto fórmulas de valoración de las concesiones, un test y un reto para el abundante cuadro técnico de Puertos del Estado para que innove en esta materia a nivel mundial y produzca fórmulas de valoración concesional -al menos mínimas- que les sirvan a los administradores en el futuro para los diversos casos: terminales de contenedores, de graneles, de líquidos, de sólidos, de carbones, de granos, de automóviles etc... Un ejercicio tremendamente sano para una administración.
Porque si lo que quiere es hacer el paripé de no entregar el proceso a una desregulación total o, al contrario, al intervencionismo rancio de la arbitrariedad de los localismos portuarios o del arbitrio político del presidente de Puertos del Estado de turno, o ministro de turno; al final los que vamos a sufrir las consecuencias somos los contribuyentes y también más de un concesionario que se va a ver agraviado por el distinto trato que se le va a dar a uno respecto a otro.
De momento nadie se quiere pronunciar pero ya se ha pasado del contento inicial entre los concesionarios a ciertos recelos justamente provocados porque el real decreto es tan etéreo, tan flexible y maleable como para no saber a que atenerse.
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