El no hacer las cosas bien desde el principio trae muchos inconvenientes. Con todo, el hacerlas de soslayo y pretendiendo cosa distinta de la que se manifiesta, trae aún más problemas, y algunos pueden ser de orden civil y penal, con el Tribunal de Cuentas acechando el patrimonio de los firmantes de cualquier acto administrativo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Doncel, se halla ante un laberinto jurídico del que cada puerta da a otro problema que puede ser mayor. Un informe jurídico que los consejeros del Puerto, preferirían no haber conocido.
El Consejo de Administración del puerto de Ceuta es el responsable final de refrendar las decisiones sobre los chalés, que pueden comportar responsabilidades civiles y penales importantes. Respondiendo con su patrimonio de los actos del Consejo. Está preocupado porque no le ve la salida al embrollo que los políticos han organizado con los diez chalés del puerto de Ceuta.
Recordemos que estos chalés, conocidos en Ceuta como las casas de la Moncloa, son viviendas unifamiliares de dos plantas, amplias, con cinco dormitorios y cuatro baños. Con terraza, jardín, entrada independiente y parking en la mejor zona de Ceuta.
Unas viviendas que según la tasación del mismo puerto de Ceuta pueden alcanzar más del millón de euros. Y eso en una estimación conservadora.
El caso es que como descubrió este medio y otros medios de Ceuta, esas casas estaban destinadas a ser demolidas, como así tomó la decisión en el año 1995 del Consejo de Administración, a medida que se fuesen desocupando para luego ser vendida la parcela entera a inversores que pudiesen hacer allí una importante actuación urbanística. Se rumorea que un hotel o viviendas en altura de lujo. Oficialmente es para ceder a la Ciudad de Ceuta para hacer un vial, nadie lo cree.
EMPLEADOS DE ALTA DIRECCION. LA DIFERENCIA.
El caso es que estas casas de La Moncloa, Chalés, Casas de la Moraleja, como se quieran dominar, están ocupadas en la mayor parte por directivos actuales y pasados del puerto. Empleados según reciente sentencia de alta dirección, esa es la clave. Entre ellos su expresidente, José Torrado el director actual, César López Ansorena, el secretario del Consejo, Gerardo Toral, el director de explotación y otros directores, aparte de familiares o los mismos u otros directores que se jubilaron y que ya no ocupan puesto en la Autoridad Portuaria.
El tema es espinoso porque desalojarlo es una decisión que tenía que tomar el propio puerto con sus propios directivos y ejecutivos.
Esta decisión se tomó hace mucho tiempo, en 1995 y se incumplió, incluso se dejaron entrar nuevos inquilinos y no se demolieron los chalés de aquellos que se jubilaban y que debían de haber abandonado los recintos.
Primera conculcación de un acto administrativo.
La cuestión llegó al Consejo de Administración el último trimestre del año 2018 ocupando el cargo Rafael Rodríguez Valero, ex director general de la Marina Mercante, persona de confianza de Ana Pastor, Presidenta del Congreso de los Diputados y persona relevante del Partido Popular, amiga intima de Rajoy, y que se suponía que iba a tener una buena entente cordiale con Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, también del Partido Popular.
El caso es que Rafael Rodríguez Valero denunció al mismo tiempo que un partido político, MDYC (Movimiento Dignidad Y Ciudadanía), lo hacía ante los juzgados que las casas de la Moncloa. Los chalés estaban siendo mantenidos, pagados sus suministros y hechas reformas importantes por la Autoridad Portuaria, que enmascaraba los gastos fraccionando los contratos.
El caso denunciado por Fátima Hamed, de MDYC, ha pasado a ser recientemente en el mes de julio de 2019, una querella criminal al haberlo así demandado la denunciante.
Por este caso están imputados el antiguo presidente de la Autoridad Portuaria José Torrado y el actual director que no ha sido cesado, César López
Ansorena.
El caso es que ahora el presidente Doncel, el sucesor de Rodríguez Valero, ha anunciado una solución para las casas, en primer lugar anunciando que se demolerán, pero sin dar una fecha fija y mezclando el asunto con otras casas también propiedad de la Autoridad Portuaria pero en barrios obreros de carácter humilde y ocupadas por trabajadores del puerto con escasos recursos. Casas Baratas en oposición a los Chalés de la Moncloa.
No es el caso de estas diez casas en una privilegiada situación y sobre las que se rumorea o planea una operación urbanística de muchísimo calado.
Así las cosas, el presidente Doncel ha esgrimido un informe de la Abogacía del Estado de Puertos del Estado que respalda su tesis de que los ocupantes de las actuales casas tienen "un derecho de propiedad o un título de propiedad", ha llegado tan lejos para decir que la Abogacía del Estado respalda esta idea por ser empleados de la misma.
CARGOS DE ALTA DIRECCION FACILMENTE DESISTIBLES.
NO SON LO MISMO QUE TRABAJADORES DEL PUERTO.
EN SU CASO CUALQUIER GRACIA PODRIA CONSIDERARSE UN BONUS ESPECIAL INJUSTIFICADO.
El caso es que fuentes jurídicas afirman que éste caso es mucho más fácil de resolver que el caso de las casas baratas, de las casas obreras de los trabajadores, ya que los actuales ocupantes son altos cargos del puerto de Ceuta y que pueden ser cesados en cualquier momento como cargos de alta dirección. Solo hace falta el desistimiento, figura que no es ni el cese, para suprimir ese derecho que alega Puertos del Estado.
Señalan así mismo que para empezar, uno de los ocupantes, el ex presidente José Torrado, imputado además por el caso Mahersa, ya no debería ocuparla ya que ha cesado y por tanto su derecho a la casa. El director Cesar López Ansorena, como señalan estas mismas fuentes, está imputado también por el caso de las reformas de las casas y puede ser cesado inmediatamente como empleado, como alto cargo y empleado de alta dirección como ha pasado y se le ha aplicado al director del puerto de Tenerife. Lo que vale para uno vale para otro.
Es decir, que en ambos casos la Autoridad Portuaria de Ceuta no tiene ni que reconocer ningún título de propiedad porque los puede cesar de inmediato, además que no lo tiene que motivar.
El siguiente caso de Gerardo Toral, el secretario del consejo, un diplomático de carrera que ha estado en Marruecos, es igualmente un cargo de confianza y puede ser cesado por el consejo en cualquier momento. Un tercer supuesto derecho habiente por las casas que pueden ser cesado. Lo mismo con otros dos altos cargos del puerto. Y el resto se supone como además ha afirmado Doncel que no tienen derecho a estar en las casas por no estar trabajando juntos.
Problema resuelto. Y cese del derecho de propiedad por dudoso que sea.
Según este punto de vista jurídico, el puerto no tiene ningún problema con estas diez casas, de hecho sólo nueve están ocupadas para lanzar a los ocupantes actuales de las mismas y hacer con ellas la operación que quieran.
Sin embargo, si se toma el camino que parece que quiere tomar Doncel de aplicar la tasación que este medio descubrió, que tasaban las casas en cifras elevadas de 700.000 a un millón de euros y se las concede a los directivos, entonces entra en contradicción con sí mismo y con la decisión oficial del consejo que es entregar la parcela completa de todas las diez casas a la ciudad de Ceuta para hacer un vial como afirma.
Si por el contrario, siguiendo la tesis de José Antonio Morillo, el Abogado del Estado de Puertos del Estado, de reconocerles un título de propiedad y se les indemniza con el valor de esa tasación de la Autoridad Portuaria, para que se vayan, nos encontraríamos ante la posibilidad de que esta decisión que tiene que refrendar el Consejo de Administración fuese combatida en los tribunales como un supuesto enriquecimiento ilícito de los inquilinos, ya que una cosa es disfrutar de una casa por cuestiones laborales y otra distinta recibir una onerosa indemnización. El negocio jurídico no es el mismo. Lo malo es que desembolsado el dinero 10 millones de euros por la AA.PP. los responsables patrimoniales serían los miembros del Consejo que firmen tal decisión, si se reclama ante los tribunales o el mismo Tribunal de Cuentas se lo reclama, como pasa en el Musel con presidente y director que pueden caer en la ruina por una reclamación de 113 millones.
Delgada línea roja entre que no pase nada y que uno por el ir al consejo sea reclamado.
O denunciado por prevaricación o por malversación de fondos, ya que la tesis podría ser que se incumplía el negocio jurídico por el cual se le reconoce un título de propiedad, por ejemplo, a los trabajadores humildes de las casas baratas del puerto de Ceuta. Es decir, para su libre ocupación y como compensación a su trabajo en el puerto, y otra un posible enriquecimiento ilícito.
Pero no acaban aquí los posibles problemas, con el tema judicializado en lo tribunales.
Si en este caso, por ser empleados de alta dirección y ser fácilmente despedibles o estar obligado a ello por su imputación ante los tribunales o pudiese ser en el futuro por su condena; sería difícilmente justificable que se les pagase una cantidad indemnizatoria que seguramente no se va a dar con los habitantes de las casas baratas y humildes del puerto de los barrios obreros de la Autoridad Portuaria.
Además visto el percal del tema tanto a unos como a otros la AA.PP. para salvaguardarse debería exigir una moratoria de venta, como en las viviendas protegidas, para evitar el negocio especulativo e ilícito de especular con las casas.
Una cosa es reconocer el derecho de ocupación y otra cosa es indemnizar ese derecho de ocupación como si fuese un título de propiedad, cuando esa cantidad produjese posiblemente un enriquecimiento aparentemente ilícito por
los derecho habientes a costa del Estado.
La situación se complica porque si los derecho habientes se les indemniza o se quedan con la casa e inmediatamente las venden, por ejemplo, si los directivos se pusiesen de acuerdo en comprar las casas por esta operación tan sui géneris que propone la Abogacía del Estado y después dar un pelotazo como el que se avisa sobre ese terreno, es decir, comprar las 10 casas por alrededor de un millón de euros cada una y después vender la parcela por 100 millones de euros como se ha rumoreado que pagarían los inversores para edificar hoteles de lujo o viviendas de lujo en pleno puerto de Ceuta; podría llevar a que como ya está de sobre aviso al partido MDYC u otros; a fuertes denuncias, por lo que parecería el facilitamiento de un enriquecimiento ilícito por terceros a costa del patrimonio del Estado.
Este es en esencia el endiablado laberinto en el que se está metiendo el presidente Doncel.
Es decir por un lado no puede venderles las casas por que quiere la parcela toda entera, dice para un vial, otros para que el ayuntamiento especule con ella.
Si se las vende y uno solo no quiere después vender en bloque, ni el ayuntamiento ni los inversores hacen negocio. Y si la venden por un pactos sindicado especulando con ellas, o un día se descubre ello por pagos ocultos, entonces se habría producido una lesión patrimonial al estado importante de la que responderían los miembros del Consejo lo que preocupa y mucho.
Fuentes externas aseguran que esto sólo puede resolverse por un presidente del Puerto ajeno al partido popular y ajeno a Juan Vivas y que tome decisiones duras con respecto a los ocupantes de esas viviendas que de una forma tan fácil el consejo de administración puede cesar en su confianza, si siguen dando problemas ( como negarse a un arreglo económico y por mucho menos que el millón por casa) y y seguidamente conminarles a que abandonen las mismas al dejar de ser empleados de la Autoridad Portuaria.
Lo contrario, cualquier otro manejo podría verse como el facilitamiento de un enriquecimiento a todas luces inapropiado, que si no ilícito, por parte de terceros a cuenta del patrimonio del Estado. Asunto del que siempre habrá unos responsables que respondan con su patrimonio.
Los miembros del Consejo de Administración que voten a favor de ello.
