DIARIO TRANSCAMION - 23/07/2025
Lección para los puertos.
Las ampliaciones de plazos concesionales de las autopistas fueron ilegales.
Las prórrogas constituyen “modificaciones sustanciales” que obligan a nuevos concursos.
La ampliación de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 aprobada por Aznar no cumplía con la normativa europea.
Las prórrogas constituyen “modificaciones sustanciales” que son “equivalentes” a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un “procedimiento de licitación competitivo”, de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.
Así las cosas, los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y “tome las medidas necesarias” para corregir las irregularidades.
A falta de una solución, advierte el Ejecutivo comunitario, podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión Europea ha avisado a España de que debe solucionar en un plazo de dos meses las irregularidades cometidas en la prórroga aprobada por José María Aznar de las concesiones de los peajes en la AP-9 y la AP-66, un proceso que vulnera, según Bruselas, la normativa comunitaria.
De no resolverlo en el plazo concedido, el organismo europeo ha advertido de que elevará el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha instado a España a que respete "las normas sobre contratos de concesión de autopistas", tal y como figura en el dictamen enviado a las autoridades españolas.
Según informa eldiario.es, "la prórroga de la concesión de los peajes en la AP-66 y la AP-9 concedida por José María Aznar por periodos de 29 y 25 años, respectivamente, no cumple con el reglamento comunitario. Así lo ha constatado la propia Comisión Europea en un informe enviado a España en el cual advierte de que debe solucionarse en un plazo de dos meses. De no hacerlo, el caso se elevará al TJUE,..Bruselas considera que sendas prórrogas constituyen “modificaciones sustanciales” que son “equivalentes” a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un “procedimiento de licitación competitivo”, de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.
Así las cosas, los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y “tome las medidas necesarias” para corregir las irregularidades.
A falta de una solución, advierte el Ejecutivo comunitario, podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.".
"El caso de la AP-9", según recoge Infolibre, "tuvo lugar en el año 2000, cuando José María Aznar extendió la concesión de la AP-9 más allá del 18 de agosto de 2023, fecha en la que iba a finalizar, concretamente hasta el mismo día de 2048. Ya en 2021 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, que dio una serie de explicaciones que no convencieron. Además, la asociación de consumidores En Colectivo presentó también una denuncia en 2019 en la que se cuestionaba la prórroga de Aznar como la de Felipe González, que tuvo lugar en 1994. Desde el año 2021, la Unión Europea ha solicitado a España dos peticiones formales en las que se instaba a que explicasen por qué Audasa había recibido la prórroga de la concesión sin un concurso público previo, un principio recogido en la normativa europea para cumplir con las bases de igualdad y transparencia. La inacción del Gobierno ha llevado nuevamente a Bruselas a avisar a España y da a Moncloa dos meses para ofrecer soluciones. De no hacerlo, el caso se elevará al TJUE ya que se considera que la ampliación concedida por Aznar respondía a un interés centrado en "obtener el máximo beneficio" económico de forma rápida gracias a la privatización".
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