REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 22/11/2016
Opinión de los lectores.
"Cualquier estibador de esos puertos puede formar parte del plan y puede aportar dinero directamente de su nómina o a través de transferencia".
Opinión de los lectores sobre "Los últimos días de Coordinadora. Víctor Díaz y Miguel Rodríguez en la polémica.".
"Existe un fondo de pensiones formado por los planes de pensiones de los puertos de Tenerife, Málaga y Valencia. Cualquier estibador de esos puertos puede formar parte del plan y puede aportar dinero directamente de su nómina o a través de transferencia.
El fondo de pensiones está gestionado y depositado actualmente por Caixabank, anteriormente por Barclays, Santander...
La comisión de control actual está formada por estibadores en activo, que pertenecen a esos puertos y que son partícipes del plan de pensiones ya que obliga la ley, se reúnen una vez al año, se audita el fondo de pensiones y se aprueban los cambios de vocales, legislativos etc...Todo a través de las recomendaciones de la propia Caixabank que se encarga de todo.
Los estibadores jubilados que han cobrado o cobran el rescate de su plan están muy contentos por ello y jamás ha habido ningún problema. El señor Arraiz-Curbelo está mal informado y sus opiniones sobre el funcionamiento del fondo de pensiones están muy equivocadas".
*ESTA EDITORIAL NO SE RESPONSABILIZA DE LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR SUS LECTORES.
NOTICIA OPINADA
14/11/2016
Los últimos días de Coordinadora.
Víctor Díaz y Miguel Rodríguez en la polémica.
Problemas acucian a Coordinadora en Canarias.
Por Enrique Arraiz.
"Aquel que pretende aferrarse a lo que no es suyo, solo le queda una alternativa cuando se agotan los argumentos, mentir".
La era “Goyaresca” ha llegado a su fin y con él Coordinadora, la palabra de su secretario general, Antolín Goya, carece de credibilidad, sin embargo prosigue su particular campaña rodeándose de “multitudes” afines a su causa, que en ningún caso es la causa de todos los estibadores.
En el nuevo orden que se establecerá en la estiba no hay cabida para Coordinadora por una sencilla razón, su falta de transparencia. Solo su condición de sindicato mayoritario “oficialista” le otorga el derecho a participar y a decidir en la reforma que ya ha dado su pistoletazo de salida.
Ahora bien, ¿qué credibilidad puede tener alguien que aporta datos tergiversados, miente constantemente e intenta borrar las huellas de su pasado más oscuro?.
La estiba no cambiará, solo se adaptará a la realidad de los mercados como se ha pedido desde el 2003, siendo evidente que sobran interlocutores como Coordinadora que abogan por el continuismo que solo les beneficia a ellos y motivos no les falta.
Pongamos como ejemplo a Coordinadora en Tenerife a quien se le relaciona con José Alberto Díaz, influyente político de Coalición Canaria (CC) actual alcalde de la ciudad de La Laguna y denunciado ante la Fiscalía anticorrupción.
Esta denuncia podría salpicar a políticos y empresarios estrechamente relacionados con los puertos de Tenerife y Granadilla que han sido el foco de la polémica durante años.
Según la denuncia de la que se ha hecho eco algunos medios locales de Tenerife, José Alberto Díaz, abogado y representante jurídico de varias empresas públicas y privadas hasta 2011, habría desviado fondos públicos que gestionaba a través de “Pielago Consultores y Jusocan Abogados, S.L.”, empresas instrumentalizadas supuestamente para el enriquecimiento personal de políticos y funcionarios cercanos al PSOE y CC, como tráfico de influencias en obras y concesiones portuarias, entre otras.
Se dan las circunstancias que Víctor Díaz, hermano de José Alberto Díaz, gestionaba a través sendas sociedades particulares, empresas públicas canarias que habrían recibido fondos del propio gobierno de Canarias y de la Unión Europea entre ellas, SODECAN, instrumento del Gobierno de Canarias para canalizar las ayudas económicas destinadas por la UE a los emprendedores, microempresas y PYMES pudiendo beneficiar empresarios y sindicatos del sector portuario.
Lo más relevante de los hermanos Díaz, es su relación con la gestión de fondos de pensiones, “Trabajadores Portuarios”, Sociedad Obrera de La Marítima Terrestre (1987), gestionada por los hermanos Díaz a través del Banco Santander y con dirección en Santa Cruz de Tenerife. (BOE 6 de octubre de 1989 – resolución 23599)
La denuncia contra políticos socialistas y nacionalistas canarios por corrupción provocó la ruptura del pacto de gobierno entre PSOE y CC y que podría tener consecuencias para Coordinadora en Tenerife, si finalmente prospera la denuncia ante la Fiscalía anticorrupción, en supuestos casos de tráfico de influencias dado el trato de Pielago Consultores, con empresas y funcionarios relacionados con el puertos de Tenerife.
Si todas las sospechas se confirman, justificaría el silencio de Antolín Goya frente a las tramas de corrupción que dañaría seriamente la imagen y credibilidad del sindicato al sintonizar por una parte, la defensa de los Derechos de los estibadores y por otra la protección de sus intereses personales, políticos y particulares a través de sociedades de dudosa transparencia.
Incluso Miguel Rodríguez y su sindicato ASEP de Las Palmas, recibió subvenciones para la realización de un estudio sobre los efectos psicosociales de la estiba en los trabajadores, informe que luego utilizaría, Miguel Rodríguez, contra Opcsa, enfrentados por las políticas de despilfarro y tolerancia por parte de la sagep de Las Palmas.
No es el único caso en Canarias, Miguel Rodríguez a quien se le vincula estrechamente con Bernardino Santana (La Luz Market), la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT) y GESPORT ATLANTIC entre otros; pugna por el control del puerto de Las Palmas y sus actividades a través de sociedades y actividades NO sindicales.
Según la “Ley de Puertos”, la situación de Miguel Rodríguez como representante sindical en el consejo de administración de la AAPP de Las Palmas, no es compatible con su condición de titular de la empresa privada Global Docker Services, que acompaña a Luis Ibarra en todas las actividades oficiales del puerto.
A la lucha por el control político y económico del puerto, se suma la crisis que arrastra la actividad portuaria desde principio de los noventa con la retirada de la flota pesquera que hoy tienen una presencia poco más que simbólica en el recinto portuario.
Como ya he comentado en su día, la lucha por acaparar tráfico latinoamericano desde-hacia Europa, ha dividido al empresariado del puerto. Miguel Rodríguez y ASEP crearon “Global Docker Services” para hacerse con una porción del negocio que supondría para el Puerto de Las Palmas, convertirse en HUB para Latinoamérica a costa de subvenciones públicas provenientes del pacto de gobierno entre socialistas y nacionalistas canarios a través de empresas públicas como SODECAN que ya he señalado en éste artículo.
En el 2012, los estibadores canarios se ofrecieron a bajar sus sueldos para mantener la actividad y atraer nuevas descargas al Puerto de Las Palmas, incluso se prestaron a condonar 4,5 millones de euros que adeudaban las empresas de la Sagep (antigua SESTIBA) a cuenta del plan de pensiones de los trabajadores, renunciar a subir sus sueldos según el IPC y reducir jornada y salario para mejorar la competitividad del Puerto de La Luz.
Renunciar Miguel Rodríguez, en nombre de su sindicato, a 4,5 millones del fondo de pensiones de los estibadores solo podría perseguir un objetivo, hacerse hueco como empresario en el puerto a través de “Global Docker Services”, algo que no ha visto con buenos ojos tanto Boluda como Opcsa, socios de la Sagep, lo que se interpreta como manipulación de información privilegiada en favor de su empresa.
No hay que olvidar que desde la llegada de Luis Ibarra a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Miguel Rodríguez y Bernardino Santana se han unido a la comitiva del presidente de la AAPP por toda Latinoamérica. Sin embargo, aún no se ha aclarado si su sequito de empresarios y sindicalistas se han costeado sus viajes o lo ha sido a costa de la caja de la AAPP.
Tampoco tiene sentido la presencia de un sindicalista como Miguel Rodríguez, que dice representar a los estibadores cuando realmente podría estar haciéndolo en nombre de su empresa Global Docker Services.
Bernardino Santana, empresario y propietario de La Luz Market, quien se ha visto involucrado en un proceso de desviación de capitales de la Sagep por un montante de millón y medio de euros, “representa” al empresariado canario ante los mercados internacionales que pretenden instalarse en Las Palmas. Mientras, los canarios, pagamos los “errores” de gestión de una Sagep en bancarrota desde hace años, que incide en nuestra economía a través de la cesta de la compra, la más cara de toda España.
Yo a diario procuro estar bien informado, contrastar datos a través de los “Think Tank” que me envía el Parlamento Europeo, una buena base de datos para saber lo que se cuece en los puertos, ojeo la prensa en español, en inglés, nacional, internacional y en verdad, no logro adivinar de dónde obtiene Antolín Goya datos tan contradictorios.
Leía los resultados sobre el Puerto de Rotterdam que ha movido 344 millones de Tns. hasta septiembre. Los puertos españoles en su totalidad, movieron en 2015 algo más de 500 millones de Tns., entonces, ¿cómo puede predicar Antolín Goya que somos los puertos más productivos del mundo?.
Los puertos españoles baten records de movimientos porque el consumo interno, en parte, gracias al turismo; tira fuertemente de nuestra economía, esa es la realidad, ni siquiera Algeciras se aproxima a los ratios de productividad y capacidad de los puertos más importantes de Europa.
Desde la promulgación de la sentencia por parte del Tribunal de Luxemburgo, las empresas se han esforzados en la adquisición de infraestructuras portuarias e intermodales bajo la protección que les aporta la “sentencia” frente a los excesos de sindicatos como Coordinadora.
Goya estuvo en Bruselas donde la “Comisión” le dejó bien claro que no todo es defendible en clara alusión al proceder de Puertos del Estado en defensa del sistema portuario español, duras acusaciones del secretario general hacia el ente público.
A éste ritmo, se perderá todo lo que se ha ganado durante los últimos años con la falta de transparencia o huelga encubierta que está llevando acabo Coordinadora como medida de fuerza al reducir los ritmos de trabajo. Puertos como Sines, Pireo, Tánger MED o los futuros puertos de Argelia, están acaparando la atención de los grandes operadores frente a los puertos españoles mejor situados y equipados pero menos estables y rentables que sus competidores.
En una reciente consulta que realicé a la Comisión Europea, Violeta Bulc, Comisaria de la Comisión de Transporte aclaraba, en relación a la contratación de estibadores, que la legislación española debe adaptarse para garantizar la libre circulación y contratación de estibadores comunitarios acreditados profesionalmente en otros estados y con experiencia.
En ese sentido, EUROPA DIRECT, órgano consultivo sobre el funcionamiento de la UE, esclarece que cuando una profesión no está regulada en el Estado donde se pretende ejercer la actividad profersional como es el caso de España, el estibador o estibadora comunitario no necesita homologar su formación en España, solo es necesario obtener la autorización expresa del servicio autonómico de empleo donde reside.
Dado que en España los servicios autonómicos de empleo NO garantizan la autorización parcial o total de la formación acreditada en los estados de la UE, le corresponde al Ministerio de Trabajo autorizar a las personas estibadoras comunitarias el acceso al mercado de la estiba en España hasta que la legislación española se adapte a los principios del Tratado de funcionamiento de la UE.
Se presupone que debería ser la administración competente es decir, Puertos del Estado o el Ministerio de Fomento sin embargo, según la documentación que me han remitido ambas administraciones, ellos NO tienen potestad para “autorizar” delegando en Empleo, esta posibilidad.
La Orden FOM/2297/2012 NO respeta el artículo 45 de TRUE porque no garantiza la libre circulación de estibadores. En ese sentido, hay que recordar que la sentencia del TJUE de diciembre de 2014, recoge la prohibición expresa de cualquier norma o legislación que suponga una restricción al ejercicio del Derecho a la libre circulación o establecimiento.
Coordinadora miente cuando aduce la defensa de sus puestos de trabajo. Holanda, Bélgica o Dinamarca son los estados con mayor número de estibadores extracomunitarios, es decir, estibadores que no sostienen la nacionalidad de un estado de la Unión pero que poseen un permiso de residencia permanente.
Significa que Maersk, COSCO o MSC puede traer a España a sus estibadores extracomunitarios formados en alguno de los estados europeos donde operan, sin más.
Eso se evitaría si Coordinadora hubiese destinado todo el dinero que ha recibido del Fondo Social Europeo en formar y acreditar a los estibadores españoles en vez de involucrarse en proyectos de dudosa finalidad.
Recordar que la formación recibida en una Sagep, no es acreditable ante el Ministerio de Empleo (SEPE). Tampoco la ley contempla la convalidación de la experiencia laboral de manera directa o automática.
En definitiva, solo hay una alternativa a Coordinadora que podría liderar UGT siempre y cuando reciba el apoyo de todos los sindicatos locales o de menor representación, testigo que debe recoger ya UGT si realmente quiere liderar el cambio en defensa de los derechos de los estibadores españoles.
God save the Coordinadora!
Enrique Arraiz-Curbelo
Estibador portuario comunitario
Formador aceditado
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