DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 15/09/2025
Una nueva sentencia del Supremo estira el derecho para dar carta de naturaleza a ocupaciones cuasi perpetuas del dominio marítimo portuario.
Una nueva sentencia del Supremo estira el derecho para dar carta de naturaleza a ocupaciones del dominio marítimo portuario con prórrogas de hasta 75 años, qué significan la eternidad.
Fomenta la sensación entre la ciudadanía de que la ocupación del dominio público marítimo portuario expresamente protegido por la Constitución puede hacerse de forma gratuita siempre se encuentran argumentos bajo conceptos cómo los siguientes:
Como "evitar la inseguridad jurídica de quienes habían disfrutado temporalmente de algún tipo de legalidad previa". o la finalidad era “conciliar esa decisión, tan drástica como necesaria, con el respeto a determinadas situaciones jurídicas consolidadas", según al aparecer recoge la sentencia por una reputada revista de jurisprudencia.
Conceptos verdaderamente artificiales para los legos, por los cuales es más importante evitar "la inseguridad jurídica de quienes habían disfrutado temporalmente de algún tipo de legalidad previa", que la protección Constitucional del dominio publicó marítimo portuario, o que se haga necesario por parte del alto tribunal conciliar lo que lo que llama la "necesaria que es la protección de este dominio público marítimo" con llamar drástica su protección y poner por encima el respeto "a determinadas situaciones jurídicas consolidadas", según esta señala.
Causa con todos los respetos para el ponente del tribunal el que fue presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, también ex alto cargo con Aznar en el Ministerio de Justicia, cierta sorpresa y estupor la introducción de estos conceptos de situaciones jurídicas consolidadas y la de inseguridad para situaciones previas de legalidad, según menciona Economist & Jurist.
La sentencia por la cual se consolida la situación de la fábrica de celulosa en la Autoridad Portuaria de Marín no podía por menos que obtener el rechazo en dos votos particulares de dos magistrados del alto tribunal.
Por lo menos los ciudadanos se ven reivindicados por otros magistrados, en algo que hace inevitable sentar una jurisprudencia sobre las Ampliaciones de Plazos concesionales qué por otros caminos consolidan la ocupación del dominio público marítimo más allá de 2 o 3 generaciones.
2 o 3 generaciones después que puedan recordar en el futuro porque pasaron las cosas como pasaron y porque se hicieron como se hicieron.
Las generaciones futuras seguramente envueltas en la turbamulta de la inteligencia artificial y la digitalización de sus vidas no podrán recordar salvo por estas líneas y otras parecidas, de que como algunos optaron, 70 años antes porque lo que era público y distinguía a nuestro dominio público marítimo de otros, convertirlo en casi de ocupación a perpetuidad.
Como ejemplo de algo que si entienden los ciudadanos la ocupación de las playas en Italia, qué causa horror a los españoles al verlo y a los mismos italianos, como demostración palpable de adónde se puede llegar por la vía de concesionar de forma eterna lo que se supone que es un dominio público de todo el mundo.
Leer la interesante reseña de Economist & Jurist, "La sentencia contiene un voto particular. La Excelentísima magistrada Dña. Ángeles Huet de Sande, con la adhesión del Excelentísimo Sr. D. José Luis Quesada Varea, sostiene una tesis restrictiva, alerta sobre los peligros de la doctrina mayoritaria y llama a aplicar el artículo 32 de la Ley de Costas, incluso a las prórrogas de concesiones anteriores a la reforma, salvo limitadas excepciones.
El voto particular denuncia que la interpretación del Supremo vulnera el sentido y fines de la reforma costera: permitir un siglo de usos privativos, incluidos industriales, en zonas frágiles del litoral, choca con la obligación constitucional (art. 132 CE) de protección y recuperación del dominio público. La prórroga, a su entender, solo puede concederse a usos que, por su naturaleza, no puedan instalarse fuera del demanio, incluso si se deriva del régimen transitorio, salvo las “concesiones compensatorias” expresamente avaladas por el Tribunal Constitucional".
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