DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS - 24/07/2025
Unos hechos demasiado paralelos para no ser un escándalo.
Las ampliaciones de plazos concesionales, y para luego vender.
Demasiado cerca del pelotazo de Pérez Maura con la Ley 8/2014 de Pastor-Llorca.
En su paquete habitual de decisiones de infracción, de 17 de julio, la Comisión Europea emprende acciones legales contra España, por la prórroga de la la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66, respectivamente, por 25 y 29 años, y posteriormente vendió ambas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a nivel de la UE.
Asi de textual lo dice su comunicado. El motivo es doble, el escarnio hacerlo para vender luego. Algo muy incómodo para los protagonistas de los años 2014 y 2015. (salvo para José Luis Almazán que sale en la foto como vicepresidente de PiPe). Un paralelismo que empieza a ser inevitable.
¿Se modificó la Ley con el RD 8/2014, como ahora se sabe que al parecer lo hizo Montoro con el Gas tras reunirse con las empresas, gasística, o de juego?
Porque reunión de los concesionarios de Puertos si que hubo en el Ministerio de Fomento en la planta magna, en aquel año.
"La Comisión ha decidido hoy emitir un dictamen motivado (INFR(2021)4052) solicitando a España que respete la normativa de la UE sobre contratación pública, incluida la relativa a los contratos de concesión. España prorrogó la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66, respectivamente, por 25 y 29 años, y posteriormente vendió ambas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a nivel de la UE. De conformidad con la Directiva 93/37/CEE (vigente en aquel momento) y los principios de igualdad de trato y transparencia que fundamentan la normativa de contratación pública de la UE, estas prórrogas constituyen modificaciones sustanciales que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación competitivo. Por consiguiente, la Comisión ha de
cidido emitir un dictamen motivado a España, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Con estas palabras inicia un procedimiento de infracción contra España, largo porceso que puede durar 9 años como el de la Estiba, pero que si lo inicia es porque aprecia fundamento.
Cada vez parece más claro que la ampliación de plazos concesionales de los puertos españoles en 2014 pudo ser una medida antijurídica.
La Comisión Europea cree que prorrogar sin concurso abierto concesiones de autopistas es ilegal.
La postura de la Comisión Europea respecto a la ampliación de los plazos concesionales de las autopistas AP-9 y A-66 supone un censura a la ampliación de plazos concesionales en los puertos españoles de 2014.
Los razonamientos para que la Comisión Europea lleve a España a un procedimiento de infracción por la ampliación a 2048 en el año 2000 de la autopista AP-9 por parte del Gobierno de Aznar, parecen aplicables a la ampliación de plazos concesionales de los puertos españoles llevados a cabo por la ministra Ana Pastor con la ejecución de el presidente de Puertos del Estado en aquel momento José Llorca.
Este medio ha sostenido desde aquel año 2014 que la ampliación de plazos concesionales era una medida extrema y no justificada.
Ahora puede ser ilegal.
Había que concursar las concesiones. Una prórroga de 35 años era una modificación tan sustancial que equivalía a un nuevo concurso y ese se debía hacer abierto y en condiciones competitivas y no restringido.
Las concesiones se tenían que dejar que corriesen su plazo y después como manda la ley sacarlas a concurso. Esto no impedía que los concesionarios de los puertos tuviesen las máximas garantías jurídicas de que sus concesiones no iban a ser maltratadas pero una cosa era que recibiesen una justa indemnización por las inversiones realizadas o por el fondo de comercio acumulado y otra cosa es que no saliesen a concurso en los plazos señalados por las mismas.
Eso podía ser una cacicada que lo único que hizo fue rigidizar la estructura concesional de los puertos españoles algo homologable a un derecho de propiedad sobre un dominio público protegido por la Constitución.
Inmediatamente empresas como Pérez y Cía, de Angel Pérez Maura pidieron prórrogas para a renglón seguido vender por más de 750 Millones de euros a Maersk todas sus concesiones. Un pelotazo en el que Maersk reclamó 750 millones a Pérez Maura a los pocos años al sentirse dañada.
Si se empezaba a ampliar los plazos concesionales de 35 años en 35, más allá de una generación, los españoles iban a percibir que los puertos eran propiedad de unos pocos que tenían derecho de propiedad indefinido sobre los mismos.
La excusa entonces manifestada en repetidas ocasiones por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, era que esto se hacía solo a cambio de unas inversiones que revitalizarían los puertos, incluso ofreció la muy peregrina explicación de que de esta forma al tener que someter un plan de empresa detallado el organismo Puertos del Estado y el Estado iban a obtener una visión privilegiada de los modelos de negocio de los concesionarios.
Algo que además no ha ocurrido. Tampoco ha ocurrido en muchas de las ocasiones que se efectuasen las inversiones presentadas o que en varias de estas ocasiones las inversiones no fuesen otras que las que ya iban a realizar los concesionarios en sus concesiones por cuestiones de negocio.
Ahora en un caso paralelo el de la autopista AP-9 en Galicia la Comisión Europea rebate que se pudiese ampliar la concesión, a cuenta de un accidente sobre uno de los puentes de la misma, una especie de contraprestación reparadora con años de concesión a cambio de reparar dicha infraestructura algo muy paralelo a lo que se ha defendido por parte de la administración de Ana Pastor y de José Llorca con respecto a las inversiones portuarias compensatorias de los ampliaciones de plazos concesionales.
La Comisión Europea niega la posibilidad de ese trueque.
Es curioso que nadie haya recorrido hasta ahora algo que claramente viola el principio de transparencia e igualdad. Entonces se dijo que los únicos que podían recurrir la medida eran aquellos que se hubiesen presentado a las concesiones vigentes cuando la realidad es que esa doctrina es completamente faltante de toda lógica ya que también con esa medida estarían ausentes todos aquellos que hubiesen querido concursar a esas concesiones de haberse concursado de nuevo al final de sus plazos y no ampliándolas treinta y cinco años.
Todo esto llega ahora, cuando ni más ni menos que un secretario de Estado de el Ministerio de Fomento Rafael Catalá, que fue Ministro en funciones, durante un tiempo se ve cuestionado por el caso Montoro donde al parecer habría favorecido a la empresa de juego Codere para la cual había estado trabajando como secretario del Consejo y después siguió unida a ella en su fundación.
Las sospechas de tráfico de influencia sobrevuelan a la gestión de los gobiernos del Partido Popular como a los gobiernos del Partido Socialista, en el Ministerio de Fomento.
Vienen a colación aquí casos como la privatización de AENA preparada por José Blanco personaje ampliamente conocido y debatido ahora con el caso Koldo y el caso Ábalos y ejecutada después por Ana Pastor también gallega del Partido Popular y con el cual mantiene cierta amistad.
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