REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 15/12/2016
La declaración de Rolando Lago indica que las actas pueden ser falsas.

Un cargo de Typsa reconoce "improvisación" en varios controles en la obra de El Musel.

Puertos del Estado ya dijo en 2004 que el coste estaba "infradimensionado".


El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha retomado las declaraciones de testigos en el "Caso Musel" que investiga supuestas irregularidades en torno a la ampliación del puerto gijonés.

Fue el turno de cinco testigos, los técnicos de Puertos del Estado Juan Ignacio Grau Albert, Ana Lope Carvajal y Rolando Lago Cuervo, y los técnicos de Técnica y Proyectos, S. A. (Typsa), la empresa que realizó la asistencia técnica a la dirección de obra, José Ignacio Calzada Movilla y Beatriz Padilla Moral, aunque ésta última no acudió alegando que se encuentra en Uruguay por motivos laborales.

Fuentes de la defensa de los investigados señalaron a la conclusión de las declaraciones que el técnico de Typsa, José Ignacio Calzada Movilla, señaló en su relato que los controles realizados por su empresa se realizaron "de manera rigurosa", ya que ejercían también de asistencia técnica de la obra, y que se cuantificó exactamente cada metro cúbico de material empleado. Otras fuentes presentes en la causa, sin embargo, apuntaron a que el técnico no fue tan taxativo a la hora de calificar el tipo de material utilizado y que si bien éste afirmó que se controlaba la mayoría del material empleado "en algunos controles hubo cierta improvisación", según ha informado el diario La Nueva España.

El resto de la jornada la completaron tres técnicos de Puertos del Estado. Rolando Lago Cuervo, actual director de Recursos y auditorias de Puertos del Estado y ex consejero de la Autoridad Portuaria de Gijón en representación de Puertos del Estado, que declaró que su labor en aquella vino a ser la de enlace entre El Musel y el Ministerio de Fomento supervisando y dando el visto bueno en su caso a los informes que aprobaba el Consejo de Administración de El Musel, además de controlar las auditorías e informar de las posibles subvenciones a las que podrían adherirse las obras de ampliación.

Lago sorprendió al fiscal al negar haber estado en las comisiones y mesas de contratación y de precios del Musel, como indican las actas de las mismas. Lo que reafirmó a preguntas del fiscal y las acusaciones.


Los otros dos técnicos que testificaron fueron Rolando Ignacio Grau y Ana Lope Carvajal, los que junto a Gonzalo Gómez Barquín formaron parte de la comisión técnica que valoró el proyecto de la ampliación y le dio el visto bueno, aunque no de forma vinculante. Ambos declararon que no cuestionaron los dos informes presentados por los responsables de El Musel en los que figuraban.

Hay que tener en cuenta que Puertos del Estado emitió sendos informes preceptivos, no vinculantes, con motivo de la licitación de la obra, en 2004, y por el modificado de la ampliación, en 2007. Según declararon, en ese primer informe ya reflejaron distintas deficiencias técnicas que habían detectado en el proyecto, pero es que aseguran haber alertado de que tanto el plazo como el coste de la obra de ampliación estaban "infradimensionados".

Según explicaron fuentes del caso, los técnicos de Puertos del Estado, «aunque aprobaron el modificado, reconocieron en su declaración que lo hicieron sobre la base de lo que les contaba el Puerto de Gijón, porque ellos no lo sabían». Es por esto por lo que las acusaciones consideran que tanto el modificado como el sobrecoste de la obra ya estaba previsto desde un principio, pues "parte de ese modificado fue por cuestiones técnicas, es decir, ya habían sido advertidos y no se trató de algo sobrevenido".

El próximo lunes están citados a declarar como investigados el expresidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, y el Abogado del Estado Jefe de Asturias, José María Alcoba Arce. Rexach, que comparece a petición propia, declarará por segunda vez en el Juzgado; mientras que Alcoba declarará como investigado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que lo considera "cooperador necesario" para que el Consejo de la Autoridad Portuaria aprobara los sobrecostes.


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